Debate sobre la Democratización de la Justicia

AficheEl lunes 17 de junio se realizará el debate sobre la Democratización de la Justicia. Participarán Alejandro Alagia, Pablo Ferreyra, Andrés Harfuch y Elizabeth Gomez Alcorta.

El encuentro será en el aula 217 de la Facultad de Derecho, UBA – Figueroa Alcorta y Pueyrredón – 18:30 horas.

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Avances para la democratización de la justicia

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El MPP celebra el debate que se está dando en la sociedad toda, respecto de la necesidad de democratizar uno de los poderes del Estado: el Judicial. Se trata de un poder que ha resultado generalmente –aunque existen honrosas excepciones entre los operadores judiciales- refractario a las demandas concretas y a la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, y, en cuantiosas ocasiones, garante de los intereses de poderes fácticos.

Por ello, consideramos que el debate sobre la democratización de la justicia es necesario, vital y de una enorme importancia. Y lo celebramos porque desde la reinstauración de la democracia había sido relegado de todas las agendas políticas.

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento hace algunas semanas proyectos de ley con el objetivo de avanzar en la democratización del Poder Judicial, los que –con modificaciones en algunos casos- se han transformado en Ley. El MPP sostiene que algunos de esos proyectos resultan útiles a tales fines y tienden a transparentar el servicio de justicia y a igualar las condiciones de ingreso al Poder Judicial –lo que necesariamente, y con el tiempo, colaborará con la transformación de las instituciones judiciales-. Ahora bien, respecto de otros de los proyectos, más allá de compartir o no su procedencia, entendemos que no se corresponden con los fines que se pregonan y, en algunos casos, resultan insuficientes para tales fines.

Desde el MPP consideramos que este debate no debe cerrarse con la aprobación de esos proyectos. Por el contrario, creemos que deben ser el primer paso en el camino de lograr la efectiva democratización del Poder Judicial. Por ello, con este documento pretendemos hacer un aporte al debate en curso, en el convencimiento de que es posible y necesario avanzar hacia una Justicia democrática y legítima.

1. Asegurar el acceso a la Justicia como verdadero indicador democrático

La inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y sus derechos es la base que debe primar en el servicio de justicia y el Estado debe ser responsable de garantizarla a todos los ciudadanos.

Sin embargo, el Estado solo provee los medios necesarios para permitir el efectivo acceso a la justicia a los imputados en causas penales.

Actualmente, una persona que pretenda ejercer los derechos que las leyes le garantizan, y que por su posición económica esta imposibilitada de pagar la asistencia legal o cubrir los costos del proceso, queda claramente impedida de acceder efectivamente a ello.

La obligatoriedad de la asistencia legal y la ausencia de servicios jurídicos gratuitos como un servicio público implican que solo puede acceder al servicio de justicia quien puede pagarlo.

Pensar en asegurar el acceso a la justicia implica abordar distintos temas: asistencia letrada gratuita, adaptación geográfica de los servicios de justicia a las zonas lejanas, promoción de información, simplificación de los procesos, derecho a interprete, accesibilidad a las personas con discapacidad, entre tantos otros.

El sistema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad y no, como lo es en la actualidad, como un sistema que profundiza las brechas socio económicas existentes.

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental en un sistema democrático que tenga por objeto garantizar los derechos a todos por igual.

2. Agilizar y desformalizar todos los procesos: Oralización, transparencia, publicidad y cumplimiento de plazos razonables

Un proceso judicial escrito, secreto, oscuro y excesivamente formal, no se adecua a la necesaria transparencia, ni a la razonabilidad de los actos de gobierno que exige el principio republicano pregonado en el art. 1° de nuestra Constitución Nacional.

Esta no es una máxima que deba limitarse a los procesos penales, sino que debe ser la base rectora de todos los litigios y soslayarla conspira contra la democratización de todo proceso judicial, al priorizar la lógica institucional del trámite por sobre la del conflicto.

Entre las particularidades del servicio público de justicia, se destaca un enorme cúmulo de disfuncionalidades que, ajenas a los parámetros de calidad profesional o de ética de sus integrantes, se vinculan con las limitaciones operativas propias de una institución burocrática.

La consecuencia de la lógica del trámite en la administración de justicia es el abarrotamiento de tareas administrativas que insumen gran parte del tiempo y el esfuerzo de los jueces, la delegación de funciones jurisdiccionales en empleados y funcionarios, la pérdida del contacto directo que el juez debe tener con los medios de prueba, la formalización de actos intrascendentes y la estratificación innecesaria de los integrantes del escalafón que sostiene la burocracia.

El resultado esperable es la imposibilidad de lograr una sentencia definitiva en un plazo razonable y esa tardanza implica, de por sí, algún grado de injusticia, que alcanza niveles dramáticos en el ámbito penal.

La falta de oralidad impide la concreción de la publicidad de los actos jurisdiccionales (la publicidad como requisito esencial, de los actos de gobierno). La difusión precaria o errónea de lo que sucede “puertas adentro” conspira contra el efectivo acceso a la justicia del ciudadano y contra el conocimiento de la ciudadanía sobre el modo en el que se desempeña la institución que la procura.

En definitiva, se patentiza un modelo institucional con herencias monárquicas, que acentúa sus características negativas en el esquema de organización actual de la magistratura, vertical y jerarquizado, signado por categorías estamentarias y no por la delimitación de tareas dentro de un cuerpo colegiado y horizontal.

Entendemos que un servicio democrático de justicia debe establecer, en todos sus fueros, procesos orales, simplificados, desburocratizados, transparentes, que garanticen la inmediación de los juzgadores con el conflicto y su gestión en una sentencia definitiva dentro de un plazo razonable.

3. Implementar los Juicios por jurados

La garantía de publicidad del juicio oral no se satisface con la mera “apertura” de puertas de los estrados judiciales, sino que solo puede completarse a través del control ciudadano en el servicio de administración de justicia que establece el juicio por jurados.

No se trata únicamente de un mecanismo de fiscalización sobre los actos de un poder del Estado, sino que permite sintetizar una cultura ciudadana sobre los recaudos del juicio previo y, a su vez, participa a las decisiones del saber profesional, de la construcción social sobre lo justo.

Los componentes del valor justicia que se consideran legítimos en una sociedad –desde los más democráticos a los más autoritarios- están presentes en los jueces profesionales, en tanto pertenecen a la comunidad. Sin embargo, no se encuentra garantizada la disparidad de miradas de los distintos sectores sociales –ni se logra encuentros con la estructura judicial que los validen-, si se encripta y redefine en la percepción profesional.

Por otra parte, el ciudadano integrante de un cuerpo transitorio y colectivo está menos expuesto a presiones y estrategias de las distintas agencias que intervienen en el sistema, siempre presentes en el desempeño profesionalizado y continuo de una función pública.

Entendemos que el mecanismo del juicio por jurados debe establecerse, al menos en materia penal para el juzgamiento de hechos en donde se responsabilice al Estado a través de sus representantes –allí en donde el Estado juzga al Estado–; en los procesos en los que se vean afectados derechos colectivos, como es el caso de las causas sobre medio ambiente; y en los procesos en los que, como los vinculados al derecho del consumidor, el ciudadano constituya la parte débil del conflicto.

4. Instaurar la justicia vecinal e implementar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en todas las materias

Entendemos que para alcanzar una justicia ágil, eficiente y oportuna se necesita la creación de tribunales vecinales cuyos miembros sean elegidos por los vecinos en votación directa, fortaleciendo de este modo el acceso a una justicia democrática; particularmente con asiento en un procedimiento sobre la base de la oralidad, informalidad, igualdad, celeridad, equidad y gratuidad. Es imperativo avanzar en esta materia que beneficia a los sectores más vulnerables, generalmente marginados del sistema y desprotegidos en sus derechos. De esta forma se acercará la justicia a los sectores de menores recursos, implementando verdaderos tribunales populares que además presten servicios de mediación y resolución de conflictos en aquellas materias que afectan el día a día de las personas.

Consideramos, asimismo, a los métodos alternativos de resolución de conflictos (que incluyen a la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje) como otro elemento a destacar para lograr una mayor fluidez de funcionamiento en los órganos encargados de administrar justicia, a través del establecimiento de un filtro efectivo que impida la sobrecarga de un servicio de justicia saturado que debe dejar de ser lento y logre estar al alcance de todos y que generalmente no resuelve los conflictos sino que los agrava.

5. Asegurar la defensa irrestricta de los derechos de las personas privadas de la libertad

Sin ingresar a las críticas teóricas sobre la prisión como método de castigo, entendemos que la administración de justicia es absolutamente cómplice de que en la realidad la cárcel no solo prive a las personas de la libertad, sino que también las prive de su condición de ser humano. La cárcel es hoy un ámbito militarizado –en parte porque la mayoría de los servicios penitenciarios provinciales y el federal se encuentran organizados como fuerzas de seguridad-, sino sobre todo, porque la justicia no quiere entrar en ella. Los jueces y fiscales entienden que su función termina con el dictado de la sentencia y con la etapa recursiva; dejando librada la ejecución de la pena –y aún peor, la prisión cautelar- en manos de los servicios penitenciarios.

En este sentido, entendemos que democratizar la justicia implica necesariamente abrir la institución totalmente cerrada, no sólo a los magistrados, sino a la sociedad civil. Es por ello, que instamos a la efectiva implementación del Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

6. Crear Fiscalías Ambientales

Entendemos que la creación de estas fiscalías, para la materia especifica ambiental, resulta necesaria teniendo en cuenta la alta conflictividad política y social que rodea a muchos de los proyectos extractivos que hoy se llevan a cabo en nuestro país.

En este sentido, contar con fiscales especializados en la materia, que cuenten con personal técnico y de diferentes saberes, que puedan no sólo instar la acción penal, sino sobre todo intervenir activamente en procesos en defensa del medio ambiente, resulta esencial teniendo en cuenta los intereses económicos y políticos que se encuentran en juego.

Es necesario contar con un órgano judicial que a nivel local, sea capaz de velar por el respeto de los presupuestos mínimos de protección ambiental; pueda determinar responsabilidades penales y, que a su vez, pueda solicitar medidas autosatisfactivas vinculadas a proyectos que dañen el ambiente.

Es necesario también que cada unidad fiscal pueda recabar información sobre los problemas ambientales, y eventualmente determinar las zonas con mayor impacto ambiental que deben recomponerse o remediarse, a fin de requerir su saneamiento.

7. Reconocer la existencia de sistemas normativos y de administración de justicia de las Comunidades Indígenas

La pluralidad jurídica está reconocida normativamente en nuestro ordenamiento–art. 75 inc. 17 y Convenio 169 de la OIT- y por ende, las autoridades y operadores judiciales se encuentran obligados a su irrestricto respeto; lo cierto es que más allá de ello deviene necesaria la articulación y coordinación de los diferentes derechos.

La coordinación entre la justicia ordinaria y las justicias indígenas plantea un gran desafío teórico, jurídico y de diálogo intercultural. En este proceso de coordinación deben participar necesariamente los pueblos indígenas.

Cualquiera sea el camino que se elija en cuanto a la técnica normativa —una ley, la incorporación de normas a los códigos o ambas—, el Estado, a fin de asegurar la diversidad cultural y la igualdad de todos los habitantes, debe reconocer las formas de resolución de conflictos propias de cada pueblo indígena, incorporar a su normativa aquellas instituciones que contemplen aquellos principios y armonizar la legislación y adecuar la práctica para asegurar el acceso a la justicia de aquellos pueblos.

Mientras el Estado continúe ignorando los derechos de los cientos de miles hermanos indígenas, tendremos una justicia pensada para un sector de la sociedad y de espaldas a minorías, exacerbando las consecuencias de las prácticas genocidas que fundaron el país.

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Comisión de Problemática Carcelaria

El MPP también se interesa por la situación carcelaria de nuestro país y sus problemáticas, es por ello que:

  • Colaboramos con el Programa Universidad en las cárceles y contra la tortura y el maltrato en comisarías y penitenciarías.
  • Participamos en el Acto de defensa del Centro Universitario Devoto (CUD) en la Legislatura porteña, junto al legislador Julio Raffo.
  • Participamos en el debate de la Comisión de DDHH del Congreso por la reforma de la ley penitenciaria.
  • Participamos en la Comisión de trabajo y educación del V Encuentro de jueces de ejecución de la pena.
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Comisión de Problemática Habitacional

Desde el MPP consideramos que el conflicto habitacional  y de las personas en situación de calle es una de las más serias en la ciudad de Buenos Aires, es por ello que participamos en la elaboración del proyecto de ley de protección y restitución de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle.

Además, presentamos Amparos contra el Gobierno de la Ciudad exigiendo una solución habitacional definitiva para familias que se encuentren en situación de calle. Por otro lado, impulsamos reuniones de Coordinación con la Defensoría Gral., Asesoría Tutelar de Menores, y el Encuentro por el Derecho de Vivir en la Ciudad.

También participamos de varios encuentros organizados por la Comisión de Hábitat en el Senado de la Nación con diferentes personalidades, entre ellos el Juez Arias del Fuero contencioso-administrativo de La Plata y el juez Andrés Gallardo de la Ciudad de Buenos Aires, en los que se planteó la necesidad de una reforma del código Civil que contribuya a resolver esta problemática.

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Comisión de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

El MPP cree en la legitimidad de la actividad sindical de los trabajadores. Por ello, aportamos a la defensa de los trabajadores portuarios procesados por delitos comunes y criminalizados por su lucha gremial y sindical.

También colaboramos en el reclamo por la obtención de la jubilación de Reparación Histórica, que contempla el decreto 1409/06, que viene llevando adelante el Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie.

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Comisión Ambiental

El MPP colabora con la asamblea autoconvocada “El Algarrobo” de Andalgalá (Catamarca). Sus pobladores sostienen una dura lucha contra la minería a cielo abierto, en particular contra la explotación del yacimiento Agua Rica y la aprobación del proyecto Pilciao 16.

En 2009 presentamos un pedido de informes sobre los proyectos mineros que aún hoy no tuvimos respuesta. Luego, en enero de 2010c elaboramos junto a “El Algarrobo” un Amparo contra la explotación del yacimiento Agua Rica. Un mes después el MPP puso a disposición de la asamblea “El Algarrobo” un Habeas Corpus preventivo.

Posteriormente, en abril de ese mismo año, la asamblea se presentó, con asesoramiento del MPP, un recurso de “terceros interesados” en la Corte Suprema de Justicia de Catamarca Desde entonces, el MPP dio acompañamiento jurídico a la Asamblea, en todas las causas de judicialización de la protesta contra los asambleístas.

Después, en 2011, presentamos una denuncia en el INADI contra varios funcionarios de la provincia de Catamarca y el Intendente de Andalgalá por actos discriminatorios vinculados al derecho de expresión de varios compañeros militantes integrantes de la Asamblea vecina

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Integrantes

Autoridades de la Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos por los Derechos Humanos y Sociales electas  en 2011.

Emiliano Coradino, Abogado
Presidente

Elizabeth Gómez Alcorta, Abogada
Vicepresidente

Gustavo Gabriel Luciano Bodo, Abogado
Secretario Ejecutivo

Juan Vicente Lenta, Abogado
Tesorero

María Valeria Lourdes Thus, Abogada
Vocal Titular 1

Lidia Ester Pérez, Estudiante,
Vocal Titular 2

Mariana Katz, Abogada

Vocal Suplente

Claudia Romina Cotuli, Abogada

Vocal Suplente 2

Pablo Agustín Lafuente, Abogado
Revisor de Cuentas Titular

Yamila Cirigliano, Abogada,
Revisor de Cuentas Suplente

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Presentación

¿Por qué otra asociación de profesionales para la defensa de los derechos humanos? ¿Por qué una más?

En un sentido afectivo, es para nosotros motivo de festejo y alegría. Estamos dando un paso  más en ese anhelo que nos reunió con el objetivo de fusionar el conocimiento profesional que podemos ofrecer, con la necesidad, persistente, de mil reclamos populares.

No ignoramos la importancia de los saberes técnicos para el hombre en su realización personal o para la sociedad entera, pero ¿bajo qué ecuación de poder esos saberes se producen, se distribuyen y se vuelven fuerza material?  Porque en la época de la despolitización ingenua, de la superficie lisa y homogénea que el mercado impone a toda actividad creativa, achatando, expropiando y alienando subjetividades, esos saberes profesionales corren el peligro de abandonarse indulgentes, como sin quererlo, a los pliegues de una sociedad indiferente, atomizada e individualista y alimentar, una vez más, la maquinaria excesiva de la reproducción técnica y social de un orden social desigual, polarizado, despiadado. Por eso estamos convencidos que su función épica se realiza cuando la riqueza de los saberes se pone al servicio de reparar, limitar o cancelar el universo de daños que produce una sociedad dividida entre los que mandan y obedecen, entre los que se apropian del trabajo ajeno y la inmensa mayoría que padece esta explotación. Esa fusión del conocimiento y movimiento popular cambia por entero la ecuación de los saberes mismos, sus objetivos, contenidos y con ellos, a nosotros mismos.

Que el conocimiento y la intervención profesional en la práctica puedan servir al desarrollo de organizaciones de trabajadores, populares, vecinales, de estudiantes y cualquier otro colectivo amenazado por la autoridad o la empresa privada, también es un desafío para nosotros. Como lo es también la construcción colectiva de conocimiento, sin la cual un saber queda empequeñecido y reducido por las instituciones de enseñanza a un mero instrumento del progreso de una sociedad dividida o, en el mejor de los casos, para moderar esa fractura social.

Por ello, en otro sentido puede objetársenos que no haya nada que festejar. Si es necesaria para este tiempo una nueva asociación para intervenir profesionalmente en el conflicto social, ello está indicando que los agravios que sufre la población lejos resolverse se agravan y se extienden. Algunos son tan profundos y tan extensos que ni la buena intención o las medidas correctivas que se tomen alcanzan para repararlos. Las grietas sociales no tienen un jefe de gobierno por titular, sino un sistema globalmente fracturado y constituido por la desigualdad de poder. No hay interés ni inclinación política que nos haga apartar de todas y cada una de las demandas populares. Oficialismos y oposición, presidentes, gobernadores, jueces, intendentes o comisarios. Allí donde haya una injusticia, donde haya una causa por la cual luchar no habrá rodeos ni evasivas, sino esfuerzo, dedicación, hermandad y aprendizaje mutuo.

Nuestro objetivo no se detiene, sin embargo, en la colaboración y el trabajo mancomunado en defensa de las causas populares concretas que se nos presentan, sino que se propone desarrollar políticas públicas y proyectos en los más diversos y variados temas que contribuyan a desarrollar, ampliar y consolidar iniciativas a favor de los sectores populares, así como desarrollar un programa de formación educativa política y profesional que sea un espacio común de trabajo interdisciplinario, aprendizaje compartido y socialización de saberes.

Esta asociación no nace para ir en busca del conflicto; por distintos medios, el conflicto se nos hizo presente porque llegó a la universidad, a la consulta profesional.

La finalidad de esta asociación no es ni testimonial ni artificiosa, es fruto de una demanda y a ella queremos responder, organizándonos, trabajando y convocando a todos aquellos que quieran aportar desde su lugar, a esta iniciativa colectiva que tiene por delante un sinnúmero de desafíos.

Para desarrollar estas y otras iniciativas convocamos a abogados, psicólogos, sociólogos, médicos, sanitaristas, antropólogos, docentes, economistas, arquitectos, ingenieros y otros profesionales, así como a estudiantes y todos aquellos interesados en colaborar a sumarse a la Asociación.

En el poco tiempo de existencia, la Asociación Movimiento de Profesionales para los Pueblos ha venido trabajando en diversas y variadas iniciativas que se nos han presentado, como el intento de desalojo del Centro Comunitario La Casa de Parque Avellaneda, en CABA y otros intentos de desalojo, contribuyendo en la defensa de los sin techo y la búsqueda de soluciones definitivas, estructurales al problema de la vivienda.

Participamos en los juicios abiertos contra los militares genocidas.
También estamos colaborando con la asamblea autoconvocada de Andalgalá, provincia de Catamarca, cuyos pobladores fueron brutalmente reprimidos y que están luchando contra esa monstruosa expresión del saqueo y la contaminación que es la minería a cielo abierto.

Colaboramos con el programa de universidad en las cárceles y contra la tortura y el maltrato en comisarías y penitenciarías.

Hacemos un aporte al reclamo centenario de las comunidades wichí de la provincia de Formosa, asesorando a la Interwichí, respecto a la criminalización de sus reclamos.

Aportamos a la defensa de los trabajadores portuarios, que han sido procesados por delitos comunes, como tantos otros trabajadores argentinos que son criminalizados por sus actividades gremiales, sindicales y por su lucha. También colaboramos en el reclamo por la obtención de la jubilación de Reparación Histórica, que contempla el decreto 1409/06, que viene llevando adelante el Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie.

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